La explotación laboral en el campo ha sido una constante del sistema agroalimentario. La importación de mano de obra es imprescindible para la exportación de frutas y hortalizas mientras que la precariedad humana y laboral es fundamental para la competitividad del sector.
En los años 70 y 80 la pieza invisible del campo eran las personas temporeras autoctónas reclutadas en el sur de España, mientras que hoy el colectivo más perjudicado lo integran personas que llegan de África, del este de Europa y de Sudamérica. El gobierno español, consciente de que las principales exportaciones hortofrutícolas del Estado dependen de la mano de obra extranjera, ha reconocido este colectivo como esencial. ¿Esencial para qué? Para el desarrollo de “una actividad clave para el sostenimiento de este sector esencial”, y por tanto, “el establecimiento de vías de migración regular, segura y ordenada es un objetivo y una prioridad en la política migratoria”.
Sin embargo, la realidad dista mucho de la versión oficial de una migración regular y segura, pues se multiplican las denuncias por incumplimiento de las condiciones laborales y habitacionales acordadas mediante el sistema de la contratación en origen.
La situación de las personas temporeras no puede generalizarse, sin embargo existe un patrón común para muchas de las personas empleadas en el campo. A continuación se presentan las circunstancias más frecuentes que reflejan condiciones de explotación laboral y violación de derechos humanos:
- condiciones infrahumanas de alojamientos y viviendas;
- falta de acceso al agua, a los servicios sanitarios y a la atención médica;
- precio abusivo de agua y luz;
- trabajo a destajo;
- ausencia de garantía de salario mínimo;
- incumplimiento del convenio agrario.
Una situación de vulneración de derechos a la que las instituciones municipales, autonómicas y estatales no han sabido dar respuesta y que se ha ido normalizando. El perfil de las personas temporeras suele asociarse a migrantes procedentes de terceros países, a los que se han unido las personas autóctonas en situación de paro de larga duración. El factor común es una situación de partida de vulnerabilidad social y económica y la búsqueda de un trabajo remunerado que garantice mejores condiciones de vida, sin embargo en muchas ocasiones el salario está por debajo del salario mínimo.
Sistema alimentario y migraciones «voluntarias»
El reclutamiento de personas procedentes de los flujos migratorios para trabajar en el campo ha permitido a las empresas del sector bajar los costes laborales, garantizando así la competitividad del los productos agrícolas.
El Sistema Especial Agrario del régimen general de la Seguridad Social española registró en 2019 alrededor de 225.000 trabajadores extranjeros afiliados, repartidos por toda la geografía española, de los que unos 158.000 eran de terceros países y el resto de la Unión Europea.
La campaña de la fruta en Lleida
La producción agrícola en Lleida representa el 43.7% de la producción catalana y la mayor parte de la fruta que se cultiva es para la exportación. Entre 10.000 y 30.000 temporeros llegan cada año a la provincia durante la cosecha, la gran mayoría proceden de países africanos como Mali, Senegal, Gambia o Guinea Bissau. Sin contratos de larga duración, se mueven al vaivén de las exigencias de la industria agroalimentaria con condiciones laborales y vitales muy precarias. “Silencio, temporeros durmiendo en la calle”, es el lema de la campaña Fruita amb Justícia Social que ha centrado sus esfuerzos en poner en el centro la dignidad de las personas temporeras que llegaron a dormir en calles y plazas de la ciudad catalana.
La vendimia en La Rioja
Según las estimaciones de Caritas, cuando llega la época de la vendimia en La Rioja entre 3 mil y 4 mil personas acuden a la región para recolectar la uva en condiciones sumamente precarias. En octubre de 2021, la Guardia Civil llevó a cabo un operativo para detectar a víctimas de trata de seres humanos empleados en la campaña de la vendimia.
La campaña de la fresa en Huelva
Cada año la campaña de la fresa origina un importante fenómeno migratorio cuyas protagonistas son las mujeres que se desplazan desde su país de origen hasta Huelva. Alrededor de 55.000 mil mujeres procedentes de Rumanía, Bulgaria, Marruecos y países subsaharianos se desplazan durante los meses de enero y junio en el marco de la orden Gestión colectiva de contratos en origen (GECCO ). En enero de 2022 ha arrancado un proyecto piloto con Honduras y Ecuador para traer a los campos de Huelva a 250 personas de cada uno de estos dos países. De todas las temporeras de la campaña, la mitad proceden de otros países y – tal y como lo ha reconocido el secretario de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía (UPA) “Si nos faltase ese 50% de fuera de España sería inviable sacar adelante esta campaña de frutos rojos”.
A principios de 2020 el relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, tras su visita a los campamentos Huelva definía con estas palabras la situación de las personas jornaleras: “Viven en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua y sin electricidad”. Lo más preocupante es que la situación no ha mejorado pese a la denuncia presentada en el año 2012 por la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre las condiciones en las plantaciones del Sur de España y las violaciones a los derechos humanos que este modelo de migración circular comporta.
Retos y oportunidades
En este contexto, el desafío más grande para los movimientos sociales consiste en exigir un cambio del modelo agrario y de su esquema agroexportador de tipo extractivista y en reivindicar condiciones de trabajo justas a lo largo de toda la cadena agroalimentaria.
A nivel individual, el primer paso es tomar consciencia de las implicaciones que el sistema alimentario imperante acarrea para la salud, el medio ambiente y los derechos de las personas; a nivel colectivo, el reto más grande consiste en exigir y construir sistemas alimentarios alternativos inspirados por la soberanía alimentaria y la agroecología para que el acto de comer suponga un beneficio para las personas, para el planeta y para los territorios.
Pese al contexto desolador en el que nos encontramos, existen muchas iniciativas locales que fomentan el desarrollo de circuitos cortos de comercialización basados en la producción y el consumo de alimentos de cercanía, cultivados y elaborados en condiciones éticas y sostenibles.
Apoyar este tipo de proyectos nos permite avanzar hacia el horizonte al que debemos aspirar: la producción, distribución y consumo de alimentos buenos para la salud, sostenibles para el medio ambiente y justos para las personas.
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